El Senado convirtió en ley un proyecto contra crímenes y delitos de alta tecnología, cuyo propósito es adecuar la actual legislación dominicana con los avances de la tecnología y su utilización como instrumentos para la ejecución de este tipo de delitos. El pleno del Senado aprobó el proyecto a unanimidad, acogiendo una recomendación de la comisión de justicia y derechos humanos, que preside Francisco Domínguez Brito.
La ley plantea la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y su contenido, así como la persecución de los crímenes y delitos cometidos mediante dicha intervención tecnológica. Tipifica los crímenes y delitos contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad de daños y sistemas de información. Contempla el uso de la tecnología asociada a otros crímenes o delitos tales como homicidio, robo, estafa, chantaje, falsedad, difamación e injuria y trata además lo relativo a las llamadas de tipo fraudulento, en líneas o redireccionamiento de las largas distancias, robo de línea o desvío de tráfico, así como la intervención de centrales privadas.
La ley establece penas de 20 a 30 años de reclusión para todo aquel que con el uso de sistemas electrónicos ejerza terrorismo y multas de 300 a 1000 salarios mínimos del sector público. Los delitos de telecomunicaciones serán castigados con prisión de tres meses a 10 años y multa desde cinco hasta 200 salarios mínimos del sector público.
Fuente: DiarioLibre.com
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